La educación en Argentina atraviesa una crisis profunda que se arrastra desde hace décadas. Aunque la escolarización es alta y el acceso es relativamente amplio, la calidad del aprendizaje y las condiciones en las que se educa a millones de niños y jóvenes distan mucho de ser las ideales. Aulas superpobladas, edificios deteriorados y salarios docentes que pierden poder adquisitivo año tras año son apenas la punta del iceberg. La escuela, que alguna vez fue sinónimo de movilidad social, hoy parece no garantizar lo básico: que los estudiantes aprendan.

Los datos son contundentes. Según las últimas evaluaciones nacionales e internacionales, una parte significativa del alumnado no alcanza niveles satisfactorios en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Las brechas entre provincias también son alarmantes: no es lo mismo estudiar en la Ciudad de Buenos Aires que en una zona rural del norte argentino. La desigualdad educativa refleja —y a la vez reproduce— otras desigualdades más amplias, como la pobreza estructural y la falta de inversión sostenida.

Mientras tanto, los conflictos gremiales se repiten año tras año, con paros docentes y negociaciones salariales que nunca alcanzan una solución duradera. Los docentes, que deberían ser actores centrales en cualquier proyecto de mejora educativa, se ven muchas veces desmotivados y sobrecargados. A eso se suma la falta de actualización pedagógica y de acompañamiento institucional. ¿Cómo sostener una enseñanza de calidad si no se cuida ni a quienes enseñan ni a quienes aprenden?

En los últimos años, hubo intentos de incorporar tecnología, modificar contenidos y promover la inclusión. Sin embargo, muchas de estas políticas quedaron a mitad de camino o no se sostuvieron en el tiempo. Faltó coordinación entre niveles de gobierno, compromiso político real y una mirada de largo plazo. Los parches no alcanzan para resolver una crisis tan estructural. Se necesita una política educativa federal, basada en evidencia y centrada en los aprendizajes.

El futuro de Argentina está íntimamente ligado a lo que ocurra en sus escuelas. La salida de la pobreza, la generación de empleo calificado y la consolidación democrática dependen, en buena parte, de una educación pública fuerte. No alcanza con diagnosticar la crisis: hay que tomar decisiones valientes, convocar consensos y sostenerlos en el tiempo. La educación no puede esperar más.