Desde la recuperación democrática hasta hoy, la minería ha sido una política de Estado que trascendió las diferencias partidarias. La actividad minera ha contado con impulso sostenido bajo gobiernos de distinto signo ideológico, incluído el kirchnerismo.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2004 se presentó públicamente a la minería como un eje estratégico de desarrollo nacional, reconociendo su potencial productivo y generador de empleo, especialmente en provincias postergadas. Este enfoque se mantuvo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, donde la minería convivió con una fuerte mirada sobre el rol del Estado, el trabajo y la redistribución.

Incluso antes, en los años ’90, la sanción de la Ley de Inversiones Mineras durante el menemismo sentó las bases para una etapa de grandes inversiones. Mauricio Macri no sólo preservó ese marco legal, sino que firmó un Acuerdo Federal Minero. Alberto Fernández, por su parte, ratificó desde el primer día que la minería debía ocupar un lugar central en la matriz productiva.

Hoy, hasta el gobierno de Javier Milei sostiene que la minería debe ser el motor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), promoviendo proyectos de más de 200 millones de dólares con estabilidad fiscal.

A pesar de que todos los gobiernos han coincidido en que la minería es clave para el desarrollo argentino, todavía nuestro país no alcanza el nivel de explotación sobre estos minerales que ha logrado Chile. El desafío no es abandonar la minería, sino lograr que esta actividad esté bien regulada como herramienta de soberanía, trabajo y desarrollo federal.