El calentamiento global avanza a un ritmo alarmante y sus efectos ya se hacen sentir con fuerza en todo el mundo, incluyendo Argentina. Fenómenos como olas de calor extremo, sequías prolongadas, incendios forestales e inundaciones son cada vez más frecuentes y severos. Según expertos en climatología, el país experimenta un aumento sostenido de las temperaturas promedio, especialmente en regiones como Cuyo, el norte y la Patagonia.

Los efectos del cambio climático no solo son ambientales, sino también sociales y económicos. En la agricultura, por ejemplo, se han registrado pérdidas de cultivos por falta de lluvias o por eventos climáticos extremos, afectando directamente a las economías regionales y a la seguridad alimentaria. El sector ganadero también enfrenta desafíos por la escasez de pasturas y agua en ciertas zonas.

Las ciudades no están exentas: el aumento de las temperaturas urbanas, conocido como “isla de calor”, afecta la salud pública, incrementa el consumo energético y agrava las condiciones de vida en barrios vulnerables. Al mismo tiempo, los eventos climáticos extremos ponen en jaque la infraestructura urbana, como sistemas de drenaje, transporte y provisión eléctrica.

Aunque existen políticas ambientales en marcha, los especialistas coinciden en que son insuficientes frente a la magnitud del problema. La transición hacia energías renovables, la reforestación, la gestión sostenible del agua y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son tareas urgentes que requieren voluntad política, financiamiento e involucramiento ciudadano.

Frente a este panorama, el calentamiento global deja de ser una advertencia futura para convertirse en una realidad presente. En este contexto, Argentina —como parte del sistema internacional— tiene la responsabilidad de implementar estrategias concretas de mitigación y adaptación para proteger su territorio, su biodiversidad y a su población.