Con la publicación de los DNU 345 y 346, el Gobierno impulsa la disolución de organismos culturales históricos como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

El Gobierno nacional avanza con un nuevo paquete de decretos que plantea la disolución o transformación de más de 40 organismos estatales. Entre los más cuestionados se encuentran el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), creados para fomentar el acceso a la cultura en todo el país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Cultura, generó un fuerte rechazo en el ámbito artístico y legislativo.

El decreto 345 convierte al INT en una unidad dentro de la Secretaría de Cultura, elimina su consejo directivo y representación federal, y nombra una nueva dirección bajo un esquema reducido. Desde principios de 2024, el instituto ya venía funcionando con fondos congelados y programas paralizados. Según denuncian actores y gestores culturales, su rol era clave para mantener una red teatral diversa y federal, en especial en regiones donde el acceso a la cultura es limitado.

El rechazo también alcanzó a la disolución de la CONABIP, un organismo creado por Sarmiento para promover la lectura y el acceso a libros en todo el país. La diputada Margarita Stolbizer y otros legisladores plantearon que el Gobierno busca desmantelar la cultura pública con criterios exclusivamente administrativos. La crítica también se extendió al CONICET, en medio de propuestas de reformas que condicionan la investigación científica a resultados económicos inmediatos.

Durante la última entrega de los premios Martín Fierro, el actor Gabriel «Puma» Goity se pronunció en defensa del Instituto del Teatro y advirtió que sin cultura, educación y salud, “es difícil hablar de libertad”. La Casa Rosada justificó las medidas como parte de una reorganización del Estado para eliminar estructuras superpuestas, reducir el gasto y mejorar la eficiencia, aunque muchos sectores ven en estas decisiones una amenaza directa al acceso igualitario a la cultura.