Argentina aún no cuenta con una ley específica que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA), a pesar del avance acelerado de esta tecnología en el país y el mundo. Aunque en 2019 se presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA), impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el documento quedó sin ejecución práctica tras cambios de gobierno y recortes presupuestarios. Hoy, el país opera sin un marco legal robusto que contemple los desafíos éticos, sociales y económicos de la IA.

En el plano normativo, no hay leyes nacionales que regulen específicamente algoritmos, modelos de lenguaje o sistemas autónomos. Sin embargo, existen iniciativas dispersas. En 2023 se presentó un anteproyecto de ley de IA en el Senado que proponía principios de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de impacto algorítmico, pero no avanzó en comisiones. Mientras tanto, varias provincias, como Córdoba y Buenos Aires, discuten sus propios marcos regulatorios para el uso de IA en la administración pública.

Uno de los aspectos más críticos es el uso de IA en decisiones públicas automatizadas, como otorgamiento de beneficios sociales, asignación de turnos médicos o vigilancia urbana. La falta de una regulación específica plantea riesgos de sesgos algorítmicos, falta de explicabilidad y violaciones a la privacidad. En 2021, organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtieron que sistemas de reconocimiento facial usados en CABA no cumplían estándares mínimos de legalidad ni transparencia.

En cuanto a protección de datos personales, Argentina cuenta con la Ley 25.326, sancionada en el año 2000, que quedó obsoleta frente a las nuevas tecnologías. Si bien se discute desde hace años una reforma para adecuarse al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo, aún no ha sido aprobada. Esto deja a los usuarios sin una defensa clara ante el uso automatizado de sus datos por sistemas de IA.

El sector privado y académico reclama reglas claras que permitan innovar sin poner en riesgo los derechos fundamentales. Empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación participaron en 2020 del proceso de consulta para el PNIA, pero la falta de continuidad institucional ha generado incertidumbre. A pesar de eso, Argentina es parte del AI LAC, una red latinoamericana impulsada por CEPAL para desarrollar políticas de IA con enfoque de derechos.

La ausencia de una legislación integral sobre inteligencia artificial coloca al país en una posición vulnerable tanto a nivel regulatorio como económico. Mientras otras naciones avanzan en marcos legales que promueven una IA ética, responsable y centrada en las personas, Argentina corre el riesgo de quedar rezagada en un campo estratégico. Para evitarlo, expertos coinciden en que se necesita una ley nacional, un ente de control independiente y una agenda pública de inteligencia artificial con perspectiva federal, inclusiva y sostenible.