El cambio climático se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la economía argentina, con impactos que ya se sienten en la producción agropecuaria, la infraestructura y la salud pública. En 2025, el país experimentó fenómenos extremos como sequías prolongadas, olas de calor y lluvias intensas que afectaron la actividad productiva y generaron pérdidas millonarias. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura promedio ha aumentado 1,1°C en los últimos 50 años, acelerando procesos de desertificación y degradación ambiental.

El sector agroindustrial, pilar de las exportaciones argentinas, es uno de los más vulnerables a estas variaciones climáticas. La sequía de 2022-2023, considerada la peor en más de seis décadas, redujo la producción de soja en un 40% y la de maíz en un 30%, provocando pérdidas estimadas en 20.000 millones de dólares. Si bien en 2024 y 2025 se registró una recuperación parcial, la creciente variabilidad climática plantea la necesidad de adoptar tecnologías más resilientes y prácticas sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad internacional.

La infraestructura urbana y rural también enfrenta desafíos crecientes. Las inundaciones y tormentas severas han afectado caminos, redes de energía y viviendas, generando costos significativos para los gobiernos locales y nacionales. Según un informe del Banco Mundial, Argentina necesitaría invertir al menos 3.000 millones de dólares anuales en obras de adaptación climática para reducir los riesgos en áreas críticas, especialmente en provincias del Litoral y la región pampeana.

En el ámbito energético, el cambio climático acelera la necesidad de diversificar la matriz hacia fuentes renovables. Las olas de calor extremo aumentan la demanda eléctrica y ponen en tensión el sistema, que todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, fenómenos como la sequía afectan la generación hidroeléctrica, lo que obliga a un uso más intensivo de gas y petróleo, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero y los costos de importación de energía.

El impacto social del cambio climático es igualmente relevante. Las poblaciones más vulnerables, especialmente en zonas rurales y barrios informales, sufren con mayor intensidad las consecuencias de inundaciones, falta de agua potable y enfermedades vinculadas a temperaturas extremas. Esto genera una presión adicional sobre el sistema sanitario y aumenta la demanda de asistencia estatal. Según la CEPAL, el cambio climático podría empujar a la pobreza a más de 2 millones de personas en Argentina hacia 2030 si no se adoptan políticas de adaptación efectivas.

En materia de políticas públicas, Argentina ha ratificado compromisos internacionales como el Acuerdo de París y actualizó su Contribución Nacional Determinada (NDC) para reducir un 27% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Sin embargo, expertos advierten que el país aún carece de una estrategia integral que articule mitigación, adaptación y financiamiento. La falta de recursos y la inestabilidad macroeconómica dificultan la implementación de programas de largo plazo.

La lucha contra el cambio climático no solo implica un desafío ambiental, sino también una oportunidad económica. El desarrollo de tecnologías limpias, la modernización de la infraestructura y la promoción de industrias verdes podrían generar empleo y nuevas fuentes de exportación. Para ello, será necesario establecer consensos entre el sector público y privado, así como garantizar una planificación estratégica que coloque la sostenibilidad en el centro del modelo productivo argentino.