Un jubilado mendocino presentó una demanda judicial contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca por un monto de $152 millones. Asegura que sufrió una trombosis venosa profunda como consecuencia de la vacuna contra el COVID-19.

Esta normativa, aprobada durante la pandemia, permitió firmar contratos con cláusulas que protegen a las farmacéuticas y que impiden que los ciudadanos inicien juicios directos contra ellas. En su lugar, se creó un Fondo de Reparación administrado por el Estado, que solo cubre casos graves comprobados científicamente y con montos fijos, generalmente menores a los que se podrían obtener en un juicio.

El jubilado reclama una indemnización por daño físico, moral, gastos médicos, pérdida de capacidad laboral y una sanción económica ejemplar contra la empresa. A diferencia de otros casos, pudo financiar peritajes y abogados para sostener el reclamo, lo que marca una gran diferencia en un sistema legal que pone toda la carga probatoria sobre el denunciante.

El objetivo no solo es obtener una compensación, sino también cuestionar la constitucionalidad de la ley que protege a los laboratorios. Según el denunciante, esta norma vulnera el derecho a acceder a la justicia y a ser reparado por daños ocasionados por decisiones sanitarias del Estado.

Este caso podría sentar un precedente y reabrir el debate sobre las condiciones en que se firmaron los contratos durante la emergencia sanitaria. De avanzar, habilitaría una discusión más amplia sobre el equilibrio entre salud pública, derechos individuales y responsabilidades empresariales.