Como parte del operativo contra la flotilla Global Sumud, las fuerzas israelíes expulsaron a 171 activistas —entre ellos Greta Thunberg— hacia Grecia y Eslovaquia. Mientras el gobierno israelí asegura que se respetaron los derechos legales, activistas denuncian maltratos y condiciones inhumanas durante su detención.

El lunes 6 de octubre de 2025, el Estado de Israel deportó a Greta Thunberg y otros 170 activistas que integraban la flotilla Global Sumud, que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, según informó el diario Página/12. 

Israel comunicó que los deportados serían trasladados a Grecia y Eslovaquia, y que esta medida se enmarca dentro de su respuesta al ingreso de barcos en el contexto del bloqueo naval sobre Gaza.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, todos los derechos legales de los activistas fueron respetados durante el procedimiento. 

No obstante, los medios locales y organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que algunos activistas denunciaron maltratos durante la detención, incluyendo golpes, un trato degradante y la obligación de besar la bandera de Israel. 

Los activistas que permanecen detenidos relataron condiciones adversas en cárceles israelíes, afirmando que fueron sometidos a humillaciones, falta de acceso adecuado al agua, alimento y atención médica.
Familiares de militantes argentinos interceptados por Israel hicieron público un reclamo por la liberación de sus seres queridos, denunciando incomunicación y criticando las condiciones de detención.

La flotilla Global Sumud buscaba romper simbólicamente el bloqueo marítimo israelí para canalizar ayuda humanitaria hacia Gaza en medio de una grave crisis alimentaria, escenario que organizaciones internacionales han descrito como hambruna en algunas zonas. 

El caso de Thunberg tiene un fuerte impacto simbólico: activista climática internacional con gran visibilidad, su participación y posterior deportación reavivan el debate sobre los límites del activismo internacional en conflictos geopolíticos y los derechos de activistas en situaciones de riesgo.

Quedan activistas todavía bajo custodia israelí, y la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y gobiernos de los países de los deportados estarán atentos a que se respeten los derechos humanos y se garantice la seguridad de quienes participaron en la flotilla.