La Comisión Investigadora del caso Libra presentó una apelación contra la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había denegado el pedido para disponer del uso de la fuerza pública con el fin de asegurar la presencia de funcionarios nacionales en las audiencias.

Según el legislador de la Coalición Cívica, la resolución judicial desconoce las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para citar funcionarios y obtener información en el marco de sus investigaciones. “No se trata de una medida coercitiva penal, sino del cumplimiento de una obligación institucional”, argumentó Ferraro en el escrito presentado.

La apelación remarca que la negativa del magistrado “debilita el rol de fiscalización del Poder Legislativo” y sienta un precedente peligroso en materia de independencia de poderes. En ese sentido, la comisión sostiene que las citaciones son parte del mandato constitucional de control político y no pueden depender de la interpretación de un juez.

Ferraro adelantó que, si la Cámara Federal confirma la decisión, podrían recurrir a la Corte Suprema. “El Congreso no está actuando por voluntad política, sino por responsabilidad institucional. Nuestra tarea es esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar transparencia ante la sociedad”, expresó.