Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reiteraron su pedido al Tribunal Oral Federal 2 para que se ejecute el decomiso de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad.

El reclamo incluye la posibilidad de rematar propiedades si fuera necesario, en cumplimiento de la sentencia que impuso seis años de prisión por administración fraudulenta y un decomiso solidario valuado en 685 mil millones de pesos.

El planteo de los fiscales se produjo tras la presentación de Máximo y Florencia Kirchner, quienes se oponen a que se ejecuten bienes que su madre les transfirió. Según Luciani y Mola, esa cesión, realizada en marzo de 2016, se concretó cuando “el fraude ya estaba consumado”, por lo que las propiedades deben ser alcanzadas por el decomiso.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso, dio vista a las defensas antes de resolver. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que la resistencia de los condenados “constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Los fiscales remarcaron además que la oposición de los hijos de la ex mandataria “no responde a una participación suya en los hechos”, sino a una maniobra de traspaso de bienes que, según sostienen, busca eludir el alcance de la condena y entorpecer la recuperación del dinero defraudado al Estado.