El Gobierno presentó un borrador de reforma integral que busca impulsar empleo registrado, bajar la litigiosidad y actualizar las normas laborales. El texto será debatido este mes en el Congreso.

El proyecto de Reforma Laboral propone una actualización amplia de la Ley de Contrato de Trabajo y normas vinculadas, con tres ejes centrales: promover la formalidad, reducir conflictos judiciales y adaptar la regulación a nuevas modalidades de empleo. Entre las medidas destacadas figura el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar vínculos no declarados con importantes beneficios para empresas, incluida la condonación mayoritaria de deudas y la baja del REPSAL. Los trabajadores incorporados podrán computar hasta 60 meses de aportes para acceder a la prestación básica universal.

La iniciativa también introduce cambios profundos en la LCT: unificación de la registración en ARCA, presunción a favor del trabajador ante falta de alta, flexibilización acotada del ius variandi, certificaciones digitales y eliminación del capítulo de multas por empleo no registrado. Se redefine el cálculo indemnizatorio con topes y mínimos, y se habilita que los convenios establezcan fondos de cese como alternativa al régimen tradicional. Además, fija reglas para enfermedades y accidentes, refuerza la negociación colectiva, crea un sistema específico para repartidores de plataformas y actualiza créditos laborales por IPC más 3% anual.

El borrador incluye una reducción parcial de contribuciones patronales para empleadores cumplidores, precisa la transferencia de establecimientos —el adquirente asume todas las obligaciones— y ajusta la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, reservando la responsabilidad solidaria para casos de fraude. También limita actualizaciones extraordinarias en juicios en curso y autoriza a ARCA a subir la tasa de contribuciones cuando haya incumplimientos.