La Justicia investiga presuntas irregularidades en el suministro de alimentos para detenidos del penal de Ezeiza y una posible cartelización entre funcionarios y empresas proveedoras.

Por orden del juez federal Federico Villena, se realizó un allanamiento en las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una causa que indaga anomalías en la contratación y entrega de alimentos para presos alojados en el penal de Ezeiza. El funcionario, en el cargo desde 2024, quedó en el centro de la investigación.

El expediente apunta a licitaciones presuntamente irregulares y a la distribución de raciones en mal estado o no aptas para el consumo. Durante el procedimiento, se produjo un episodio que generó fuertes sospechas: al ser requerido su teléfono celular, Martínez entregó un dispositivo secundario y afirmó que el que utilizaba habitualmente se había extraviado esa misma mañana.

Sin embargo, un peritaje preliminar detectó actividad reciente en el celular “perdido” apenas una hora antes del allanamiento, lo que abrió la hipótesis de un posible aviso previo. La causa busca establecer si existió un acuerdo ilegal entre autoridades del SPF y un grupo reducido de empresas para concentrar el servicio de catering en cárceles federales, a partir de denuncias que escalaron hasta la cúpula del organismo.