El cambio climático dejó de ser una advertencia científica para convertirse en una realidad medible y cotidiana. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año 2023 fue el más caluroso registrado en la historia, con una temperatura global promedio de 1,45 °C por encima de los niveles preindustriales. Las olas de calor extremo, incendios forestales masivos, sequías prolongadas e inundaciones repentinas afectan a todas las regiones del planeta, con consecuencias sociales, económicas y sanitarias.

En América Latina, las alteraciones del clima ya tienen impactos directos sobre la producción agrícola, la disponibilidad de agua y la biodiversidad. Argentina, por ejemplo, vivió entre 2022 y 2024 la peor sequía en casi un siglo, con pérdidas económicas que superaron los USD 20.000 millones en el sector agroexportador. Al mismo tiempo, las ciudades del país registraron récords de temperatura y eventos extremos como la inundación en Bahía Blanca a fines de 2024, que dejó al menos 13 muertos y miles de evacuados.

A nivel global, los eventos climáticos extremos se duplicaron en frecuencia desde el año 2000, según la ONU. Incendios en Canadá, inundaciones en Alemania, ciclones en Asia y olas de calor en el Mediterráneo marcan una nueva normalidad. El deshielo acelerado de los polos y el aumento del nivel del mar amenazan con desplazar a más de 1.000 millones de personas en las próximas décadas si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

El sector energético sigue siendo el principal responsable de esas emisiones. Aunque las energías renovables crecen —especialmente la solar y la eólica—, más del 75% de la matriz energética mundial sigue basada en combustibles fósiles. En 2023, las emisiones globales de dióxido de carbono volvieron a aumentar tras la pandemia, alcanzando un nuevo récord de 37.400 millones de toneladas, de acuerdo con el Global Carbon Project.

La comunidad internacional intenta avanzar con acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Sin embargo, los compromisos asumidos por los países aún están lejos de cumplir ese objetivo. En la última Cumbre del Clima de la ONU (COP28), se acordó iniciar una transición global hacia energías limpias, pero sin plazos vinculantes para eliminar el uso de petróleo y gas.

El cambio climático no es solo un problema ambiental: es una crisis de justicia global. Los países menos responsables históricamente de las emisiones —como los del sur global— son los más afectados por sus consecuencias. En Argentina y en el mundo, la adaptación al nuevo escenario climático exigirá políticas públicas ambiciosas, financiamiento internacional, ciencia local y participación ciudadana activa. De lo contrario, las condiciones de vida de millones de personas podrían deteriorarse irreversiblemente.